Las Autoridades Ambientales y Entes Territoriales deben trabajar de manera articulada en el diseño de políticas que permitan el uso adecuado de los recursos financieros técnicos y humanos.
Colombia posee 2,906,137 de hectáreas en ecosistemas de páramo que se encuentran distribuidas en 37 complejos, los cuales son objeto de especial protección por parte del Estado por su capacidad de regulación y provisión de agua para cerca de 17 millones de colombianos, además de ser el sustento para actividades agropecuarias e industriales.
A pesar de la protección de la que gozan estos ecosistemas, algunos complejos de páramos se encuentran transformados, se destacan en la zona central del país los complejos: Altiplano Cundiboyacense, Guerrero, Tota – Mamapacha-Bijagual y Rabanal – Río Bogotá. La degradación de sus coberturas pueden ocasionar sequías más fuertes o prolongadas, olas de calor e incluso disminución de la cantidad de agua disponible, agravando la vulnerabilidad de los territorios ante el cambio climático.
De los 1123 municipios que tiene Colombia, 400 de ellos tienen jurisdicción en páramo, y 10 de estos municipios tiene más del 70% de su área en este ecosistema. Si bien la administración de estos complejos de páramos está a cargo de las Autoridades Ambientales, los alcaldes y gobernadores también tienen un papel fundamental en su gestión.
Desde hace cinco años, las Corporaciones Autónomas Regionales del Valle del Cauca, Tolima, Nariño y Risaralda, así como la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga y de Chivor, en el marco del proyecto Páramos: Biodiversidad y Recursos Hídricos en los Andes del Norte, coordinado por el Instituto Humboldt y financiado por la Unión Europea, trabajan de manera articulada con 50 entes territoriales de cinco complejos de páramos: Santurbán- Berlín, Rabanal – Río Bogotá, Los Nevados, Las Hermosas, Chiles – Cumbal, con el fin de proteger conjuntamente los servicios ecosistémicos que le presta el páramo y que son claves para la calidad de vida de los habitantes urbanos y la competitividad regional.
El 2020 es el primero año del periodo de gobierno para alcaldes y gobernadores, por lo que durante el presente año a los mandatarios electos de los cinco complejos de páramos mencionados se les invitó a hacer parte de un Pacto por la Conservación de los Páramos, que se constituyó en un espacio de diálogo entre mandatarios y Corporaciones Autónomas Regionales, en los cuáles se discutió el avance en la gestión de los complejos de páramos, se compartieron recomendaciones de gestión integral de estos ecosistemas y se suscribió un compromiso por parte de dichos mandatarios para incluir en sus herramientas de planeación para el periodo 2020-2024 las consideraciones para gestionar los páramos y responder a las necesidades de sus habitantes tradicionales.
Algunas de estas consideraciones son:
- Incluir en los Planes de Desarrollo Municipal y Departamental, así como en los Planes de Ordenamiento Territorial, medidas para la protección y la gestión de páramos.
- Aportar a la construcción de una visión compartida del complejo de páramos con alcaldías, gobernaciones, autoridades ambientales, habitantes tradicionales y beneficiarios de los recursos del páramo, para la realización de acciones colectivas que generen un mayor impacto.
- Acompañar los espacios de coordinación del sector ambiental como son las Comisiones Conjuntas de cada complejo de páramo.
- Implementar programas de educación ambiental para sensibilizar a los habitantes sobre la importancia del ecosistema y complementar los programas de reconversión de actividades agroproductivas.
- Invertir recursos en la compra y mantenimiento de predios en zonas estratégicas y la realización de esquemas de Pago por Servicios Ambientales.
- Incentivar la conservación voluntaria con la exoneración del impuesto predial a los predios destinados a la conservación. (Ley 299 de 1996).
Las medidas implementadas en los ecosistemas de páramos solo tendrán el impacto esperado, si se logra llegar a los territorios de manera articulada y con una visión a largo plazo, que plantee una continuación entre periodos de gobierno, y logrando convocar al gobierno, los habitantes rurales y urbanos y el sector privado.
