Las deudas de Colombia para universalizar el agua limpia y su saneamiento

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Las deudas de Colombia para universalizar el agua limpia y su saneamiento

En los próximos once años el país tendrá que garantizar la cobertura, calidad, continuidad y el tratamiento de aguas residuales a todos sus habitantes. Para ello no solo necesitará una inversión de $62 billones, sino cambios estructurales a un sector del agua anticuado para la época.

El ministro de Vivienda, Jonathan Malagón. / MinVivienda
En teoría, en once años todos los colombianos contarán con acceso a agua potable. El país entero estará cubierto por un sistema de acueducto las 24 horas del día. Esta agua, una vez usada, saldrá de cada hogar a través de un sistema de alcantarillado que desembocará en una planta de tratamiento y allí se limpiará de nuevo para regresar casi pura a nuestras fuentes hídricas. Así lo prometió el Gobierno al adoptar en 2015 los Objetivos de Desarrollo Sostenible(ODS).
 
Se trata de 17 medidas que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático. Un abanico de objetivos que Colombia se esfuerza por cumplir. El sexto de ellos, por estar aún crudos en el tema, es quizá uno de los más ambiciosos a nivel nacional. “Garantizar para 2030 la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”, dictó la Organización de Naciones Unidas como impulsor de esta iniciativa.

El asunto es que el país es todavía primíparo en el tema. Un reflejo de ello: para los años noventa, el promedio de cobertura de agua potable en el país era del 80 %. Las áreas rurales estaban en el peor panorama: solo el 44 % de esa población tenía acceso a este servicio.

Creada la ley para regular los servicios públicos domiciliarios en 1994, el sector del agua en Colombia ha venido puliéndose a partir de sus desaciertos. Porque “si bien hemos avanzado al llegar a una cobertura a nivel nacional del 92 %, esta cifra esconde que tenemos 10 departamentos con cobertura por debajo del 80 % y más de 170 municipios con cobertura en zonas rurales por debajo del 25 %”, sostiene el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón. El meollo del asunto es que el sistema actual es anticuado.

En Colombia, cada municipio estructura sus proyectos. Si se necesita una remodelación del acueducto, un plan maestro de alcantarillado o una planta de tratamiento (PTAR), es decisión de la administración de turno. Es la encargada de diseñarlos, presentarlos al Ministerio de Vivienda, a través de la Ventanilla Única Regional, y esperar su aprobación ya sea para ejecutarlos o pedir recursos del Estado.

El problema es que “las estructuraciones de los proyectos en los municipios son bastante deficientes. Uno de cada siete proyectos pasa; de resto, son proyectos que no sirven para mucho”, asegura el viceministro. Con esta metodología, aprobar uno de los proyectos en el país tarda hasta once meses. Si cumple con el chequeo a manos de los técnicos de Minvivienda, la viabilización de la obra se acorta a dos meses. Mucho tiempo, sin embargo.

Para solucionar este retraso, según el ministro Malagón, “estamos reformando el mecanismo de viabilización de proyectos de forma que aumentaremos la transparencia del proceso de asignación de recursos y fortaleceremos la capacidad de estructuración de proyectos desde las regiones”.

El reto de limpiar el agua

Si Alemania tardó 40 años en descontaminar el río Rin y garantizar un sistema completo de saneamiento básico y a Corea del Sur le tomó medio siglo ejecutar su plan para limpiar sus fuentes hídricas, la tarea de Colombia no es nada sencilla. Más teniendo en cuenta que en 2003, solo el 8 % de las aguas que retornaban a los ríos era tratada.

Teniendo en cuenta que el horizonte de 2030 se acerca, el país tiene claros sus principales defectos en cuanto al reto de limpiar las aguas residuales. Lo primero es sanar el número exorbitante de empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios.

Porque se estima que en las últimas dos décadas se han constituido hasta 3.500 operadores especializados en el tema. Uno por cada barrio del país. De hecho, si se cuentan acueductos veredales o cooperativas, la cifra se eleva hasta 15.000. “Solo en Villavicencio hay más de siete operadores, mientras en Ibagué, una ciudad con 558.805 habitantes, se cuenta un total de 17 operadores registrados”, indicó el viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico.

El asunto permitió que la cobertura de agua potable aumentara, sin lugar a dudas, pero coló un inmenso riesgo en cuanto a la operación del servicio. Es por esto que una de las metas del Gobierno es estructurar acueductos regionales. Una especie de operador gigante, como ocurrió en Barranquilla con la empresa de servicios públicos de agua Triple A.

No es el único asunto que enmendar. El principio básico de la Ley de Agua Potable y Saneamiento está en función de los mercados. De ahí que las empresas creadas desde entonces se hayan enfocado en las ciudades donde hay mayor número de usuarios y recursos, dejando de lado a los municipios pequeños.

Es común, además, que en estos últimos territorios no haya estratos altos y que los recursos de la nación que lleguen sean para cubrir los subsidios a los que estas poblaciones tienen derecho. Esto se convierte en un lío para garantizar el servicio de agua limpia y el tratamiento de las residuales. No porque la gente no pueda acceder a ella sino porque no queda dinero para invertir en remodelaciones de infraestructura o para el conocimiento que requiere la operación de un buen servicio.

Si se suma el tema de las tarifas que cobran las empresas, el problema se agranda, pues, según la ley, el número de tarifas que se cobra en un municipio asegura la sostenibilidad de las empresas.

“¿Qué pasa? Que los alcaldes, porque no saben, por temas políticos o simplemente no lo quieren hacer, no actualizan las tarifas en función del marco de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico(CRA), entonces atentan contra el mercado, porque las empresas ya no pueden sostenerse y menos pueden hacer las inversiones que los municipios requieren”, concluyó el viceministro. En palabras simples, un círculo vicioso que limita el agua y su tratamiento.

Estas deudas, finalmente, tendrán que ser sanadas en la próxima década. Por eso, estima el Gobierno, se necesitarán $62 billones para que Colombia no se pele cuando Naciones Unidas le pida al mundo rendir cuentas sobre la agenda de desarrollo sostenible.